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Por iniciativa del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, se ha elevado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia un anteproyecto de ley con el propósito de someter a consideración de la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero la reforma a la Ley Orgánica de Tribunales en lo que respecta a la Sección Cuarta: “Auxiliares” que comprende el Título I: referido al “Colegio de Abogados” y el Título II: que alude a los “Procuradores”.

La principal innovación de la reforma radica en la creación del propio Colegio de Procuradores, que se establece en la fusión con el Colegio de Abogados. En la actualidad, la matrícula de los Procuradores viene siendo sometida a control por el Superior Tribunal de Justicia, encargado de la función disciplinar. Con la propuesta de creación del Colegio de Procuradores en conjunción con el ya existente Colegio de Abogados se logra el propio control de la matrícula y a la vez se logra someter a los Procuradores al régimen del Tribunal de Disciplina de su propio Colegio.

Asimismo, en la proyectada reforma, se somete a consideración la implementación de un derecho fijo por actuación judicial que se materializa en la creación de un título denominado “bono judicial” a la orden del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, que constituye una contribución obligatoria para cada uno de los abogados y procuradores y tiene por finalidad, sostener y fortalecer la colegiatura en la Provincia de Santiago del Estero, a la vez de volver en beneficios al matriculado.

Este bono está previsto en todas las leyes provinciales. A manera de muestra de sus anales, en la provincia de Entre Ríos (a través del Decreto Nº 38 – MGJ/ 28/01/2021); en la provincia de La Rioja (a través de la Ley provincial Ley 6827); en Corrientes (mediante el Decreto Ley 119-2001); en la provincia de Mendoza (a través del Art. 96 inc. G. Ley 4.976), sólo por citar algunas provincias.

El Bono Judicial se erige como una contribución justa y proporcionada que consolida la colegiatura bajo principios de equidad y sostenibilidad. Su implementación no solo permite al Colegio de Abogados cumplir con su mandato institucional, sino que refuerza el compromiso colectivo de los profesionales con el fortalecimiento del sistema de justicia. Este esquema, ya implementado con éxito en múltiples jurisdicciones del país, responde a la necesidad de adecuar los sistemas de financiamiento institucional a las demandas y desafíos de la realidad contemporánea.

Desde el punto de vista normativo, el proyecto prevé una estructura progresiva en el valor del aporte, calculado en relación con la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), de forma que su impacto sea razonable y proporcional a las características de cada proceso judicial. Asimismo, se incorporan excepciones específicas que reflejan un claro compromiso con la protección de los sectores más vulnerables, excluyendo del pago a quienes patrocinan causas laborales, acciones de defensa de derechos fundamentales, o representan a personas bajo el amparo de defensorías oficiales, entre otros casos de interés social.

Cabe destacar que el Bono Judicial no genera una carga directa para los litigantes ni afecta los gastos causídicos de los procesos judiciales, ya que constituye un aporte inherente al ejercicio profesional de los abogados matriculados. Este carácter específico reafirma el principio de autogestión de las instituciones colegiadas, promoviendo su independencia y capacidad de acción.

Por aparte, la ley avanza en ratificar el compromiso del Estado en contra del ejercicio ilegal de la profesión de la "abogacía" al estatuir que no podrán ser presentados en juicio poderes generales para asuntos judiciales otorgados en favor de quienes no estuvieren matriculados en el Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero.

En síntesis, esta iniciativa legislativa busca dotar al Colegio de Abogados de un mecanismo moderno y eficiente de financiamiento, con un impacto positivo tanto para los profesionales del derecho como para la ciudadanía en general. En un contexto en el que la colegiatura representa un bastión de orden, equidad y profesionalismo, el “Bono Judicial” constituye una herramienta clave para el sostenimiento y el fortalecimiento de las instituciones que sostienen el sistema de justicia en nuestra provincia.

Por ello, se solicitó elevar el anteproyecto a la Honorable Cámara para su sanción, en la certeza de que su aprobación redundará en beneficios significativos para la abogacía organizada, el fortalecimiento del sistema judicial y, en última instancia, para el bienestar de nuestra sociedad.